APUNTES… Promesa suicida en un entorno riesgoso
Por: Guillermo Fabela Quiñones
Como era previsible, los cambios de fondo que permitan la transformación estructural del país en beneficio del pueblo, no serán alcanzados sin un régimen obligado a enfrentar las presiones de la elite oligárquica, a su vez decidida a invertir la correlación de fuerzas aún favorable al presidente López Obrador. En este momento se está llegando a un punto de quiebre que determinará el rumbo a seguir de aquí a las elecciones del próximo año.
La situación del país es consecuencia del enfrentamiento ideológico entre las dos corrientes dominantes, la de las minorías reaccionarias que controlan la vida económica y financiera, y la que lidera un Mandatario por mandato del voto popular. Sin embargo, éste menosprecia la capacidad de respuesta de aquellas y les brinda facilidades para que hagan su labor de zapa. Así lo patentizan hechos concretos, como el libertinaje de los grupos de choque al servicio de la oligarquía, lo cual no significa que se deban reprimir sino evitar que se magnifique su violencia.
Es verdad que la violencia no se combate con más violencia, esto ha quedado demostrado en el paso de los años, pero el mejor camino para evitarla es la demostración de que se tiene la convicción de no permitirla tampoco por quienes buscan impulsar intereses violatorios de las garantías que son el soporte de una sociedad democrática incluyente.
Los grupos oligárquicos más mezquinos y reaccionarios, dominantes a partir de 1982, se acostumbraron a tener bajo su mando las instituciones del Estado. No admiten que tal perversidad es inadmisible después del triunfo electoral histórico, en 2018, que marcó el inicio de una nueva etapa para los mexicanos, largamente excluidos del desarrollo, cuyo nivel de vida cayó en picada en las cuatro décadas del régimen neoliberal.
El presidente López Obrador se comprometió a transformar la sociedad mexicana para que los excluidos tengan acceso a los beneficios del progreso; no puede ni debe permitirse la posibilidad de abandonar tal compromiso, menos cuando las minorías ultra reaccionarias hacen uso ilegítimo de sus enormes recursos, a fin de obligarlo a dejar a la nación a la deriva, como sería el caso, nada remoto, de que la oligarquía llene el Zócalo con cien mil acarreados. Podrían hacerlo a sabiendas de que no encontrarían ningún obstáculo a su paso.
Sin duda, están decididos a todo con tal de mantener sus injustos privilegios. La Asociación de Bancos de México (ABM), la mayoría extranjeros, rechazó de manera tajante la propuesta de la Secretaría de Hacienda en apoyo a los clientes de los bancos, consistente en menores pagos a sus créditos, mayores plazos para hacerlos y bajar sus tasas de interés. Luis Niño de Rivera, presidente de dicha asociación bancaria, ampliamente beneficiaria del rescate procesado en el desgobierno de Ernesto Zedillo, fue muy claro en su rechazo: “No se trata de sacrificar las utilidades de los bancos, se trata de mantener la solvencia de las instituciones bancarias. Ese es el punto”.
¡Cuando los bancos en México, a nivel global son los que han obtenido las más altas tasas de ganancias en las últimas tres décadas a partir de su privatización en 1991! Por otro lado, las diez empresas privadas que administran las pensiones de los jubilados, rechazaron la propuesta de reformar el sistema de las Afores con el fin de ofrecer un mínimo de justicia a los pensionados, quienes han aportado un ahorro que asciende a cuatro billones de pesos, de los cuales 1.8 billones corresponden a la plusvalía de las altas comisiones que cobran.
Obviamente, se trata de beneficios impensables en otro país. No van a perderlos sin ofrecer una batalla en todos los frentes a su alcance. Por eso es muy preocupante que el propio mandatario ponga piedras en el camino de la Cuarta Transformación (4T), como ahora con la propuesta de desaparecer 109 fideicomisos y fondos públicos, de manera indiscriminada, lo que ha provocado una gran indignación entre grupos muy relevantes para el país que se verían afectados. El costo político no compensa los 68 mil millones de pesos que se obtendrían con esta medida. ¿Acaso no lo sabe Mario Delgado, promotor de la iniciativa?
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