Por: Guillermo Fabela Quiñones

Mientras subsista en México la impunidad, el estado de derecho será una utopía. No es la corrupción el principal enemigo a vencer, sino hacer realidad la justicia como un imperativo ineludible. Así lo patentiza el aumento de la inseguridad pública en buena parte del país, no obstante el apuntalamiento de la fuerza del Estado para frenar este flagelo, con la Guardia Nacional como bastión inexpugnable. Sin embargo, en los hechos vemos que no se ha dado un paso adelante, sino todo lo contrario.

La violencia sigue en aumento, como si México fuera un territorio sin autoridades, como empieza a creerlo la opinión pública, al menos en los estados donde el flagelo es imparable, como en Tamaulipas y Guanajuato, donde la escalada de actos sangrientos parece no tener fin. La criminalidad rebasa lo imaginable, sin que se ponga freno a quienes están detrás de las bandas delictivas, tan sólo para desenmascarar a los autores intelectuales de hechos tan deleznables que ponen en entredicho el compromiso del régimen por acabar con las causas de tanta criminalidad sin sentido.

De ahí que la ciudadanía empiece a pensar que no hay voluntad real para hacer prevalecer el estado de derecho, que un ejercicio mediático como el de la encuesta para que la ciudadanía diga si quiere o no que los expresidentes  de la República sean juzgados, es una tomadura de pelo. Porque las causas de la corrupción siguen intocadas, como lo demuestran hechos concretos; aunque vale señalar que incumplir este compromiso haya sido el motivo del despido de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sino que fue de índole política.

Mientras no se demuestre voluntad para poner fin a la impunidad no será posible frenar la corrupción. No se puede desligar causa y efecto de cualquier hecho social, puede afirmarse que la impunidad es la causa que alienta la criminalidad, en el nivel que sea. Vaya un ejemplo aparentemente nimio pero que refleja la profundidad de la anterior afirmación. Se trata de un acto de corrupción mientras no se demuestre lo contrario, el cual afecta a una persona en concreto, pero que debe ser un paradigma de lo que ha venido ocurriendo desde hace años, sin que hasta la fecha se patentice voluntad para ponerle fin.

La profesora jubilada, Elsa Name Vázquez, lleva más de cuatro años de no cobrar completa su pensión, dos del sexenio pasado y los que van de esta administración. Se le adeudan los conceptos 02 y 03 y el de canasta básica, cantidad que en el lapso transcurrido debe ser una buena suma, cuyos intereses deben darle un estimable incremento. Se ha entrevistado tres veces con el jefe del Departamento Jurídico de la Delegación del ISSSTE en Durango, todas han sido infructuosas. El titular, licenciado Jonathan Alan Hernández Berumen, ha recibido tres veces los papeles que comprueban el faltante; la profesora contrató un abogado que lleva el caso y ni así logran “aparecer” los comprobantes del desfalco.

La delegada, contadora Mónica Montes Escalier, no se da por enterada y el tiempo transcurre, como si no hubiera habido un cambio no sólo de sexenio sino supuestamente de metas y objetivos, ¿Acaso no se han dado cuenta que el país está inmerso en la Cuarta Transformación? Su comportamiento deja ver que necesitan se lo hagan saber sus superiores. Sin embargo, no parece ser el caso, quizá por lo intrascendente del asunto, para ellos, porque para la afectada es un tema vital, pues de eso vive.

Por eso es preciso insistir en la importancia de atacar a fondo la impunidad, única alternativa para combatir la criminalidad y la corrupción desde sus raíces.

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