Por: Guillermo Fabela Quiñones

La reunión del presidente López Obrador con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), significó un paso decisivo para que las relaciones entre el Gobierno federal y los mandatarios estatales se mantengan en un nivel de civilidad política. Se aclararon malos entendidos, se fijaron posturas, se limaron asperezas, aunque sólo haya sido con el propósito de no enturbiar aún más el escenario nacional, de por sí afectado por la pandemia que no cede, y enrarecido por las denuncias públicas de corrupción de los dos sexenios anteriores, ahora en vías de verificación en la Fiscalía General de la República (FGR).

El Mandatario hizo hincapié en el imperativo de que la austeridad republicana se mantenga, se cuide mucho el manejo de los recursos públicos para no incurrir en problemas que dañen aún más a la ciudadanía. “Lo mejor es que se ahorre, que haya austeridad, que no se permita la corrupción. ¿Qué es es lo que no se puede? Transferirles más recursos porque la Federación tiene que responder por compromisos adquiridos, hay que pagar por el servicio de la deuda que dejaron los gobiernos anteriores”, afirmó.

Les recomendó que “reestructuren sus deudas, porque muchos encontraron quebrados los gobiernos estatales y eso les impide tener fondos porque tienen que pagar muchos intereses por las deudas contraídas”. Es el saldo de la mega corrupción que llevó al país a tener una deuda que asciende al 45.3 por ciento del PIB, casi la mitad del presupuesto de egresos, situación aún manejable en la medida que no se contraiga más deuda externa. Esto conlleva el imperativo de frenar la evasión de impuestos, de hacer inversiones productivas, de crear empleos y erradicar la pandemia en el menor tiempo posible.

Se trata de un reto imposible de enfrentar si el país en su conjunto no marcha por un mismo rumbo estratégico, a fin de que deje de ser una entelequia la unidad nacional sobre bases justas y progresistas. Un escenario así, altamente favorable al país, sólo lo hemos vivido en los sexenios de los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, cuando ambos actuaron como estadistas con firmes convicciones patrióticas. Ciertamente, las condiciones históricas eran muy diferentes en uno y otro caso con la realidad actual, cuando la sociedad nacional fue atomizada por el neoliberalismo y sus trágicas consecuencias.

Por lo mismo, las exigencias para el líder de la Cuarta Transformación (4T) son mucho mayores, y más lo serán en la medida que no logre superar las contradicciones con las que inició su mandato. Los hechos muestran que se han profundizado, y lo seguirán haciendo por su propia dinámica inercial, como lo vemos en la implementación de políticas públicas que obedecen al proyecto neoliberal más que al de la 4T. Claro ejemplo de ello, son las reformas estructurales que se mantienen intocadas, como la laboral y la educativa, independientemente del efecto COVID-19.

La economía sigue siendo operada con objetivos neoliberales, en cuanto que los intereses estratégicos de la cúpula empresarial no son afectados de ningún modo, aunque por el bien de ellos mismos se tengan que plegar a acuerdos tácticos que les ocasionan escozor, como tener que pagar impuestos con cómodos arreglos con el fisco. Pero más significativo es el hecho de que no da un paso firme, contundente, en una negociación con los acreedores internacionales que reduzca la deuda externa como lo demanda la falta de liquidez en la hacienda pública.

Si así lo hiciera, pondría un ejemplo a seguir a los mandatarios estatales, con la fuerza política suficiente para dar un paso necesario pero impensable sin el apoyo de la Federación. Qué bueno que la austeridad republicana no conlleve más recortes presupuestales, que se entreguen oportunamente las partidas a los estados, que se vigile su manejo de manera escrupulosa. Pero que malo que no se profundicen cambios estructurales que lleven a una economía menos atada a intereses privados.

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