Por: Guillermo Fabela Quiñones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), seguirá siendo la instancia por la cual los poderes fácticos impondrán sus intereses a los del país. Así lo demuestra la invalidación de la iniciativa de ley que propone la rectoría del Estado en materia de generación eléctrica. Seguirá vigente, por ahora, la Ley de la Industria Eléctrica del sexenio pasado que dio margen al desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y facilitó que grandes empresas privadas, sobre todo extranjeras, se estén enriqueciendo.

No se trata de un ejercicio de independencia entre los poderes del Estado, sino una muestra de que se mantienen vivos los tortuosos caminos por los cuales las élites hacen valer sus intereses. Mientras el Ejecutivo no tenga voluntad de hacer cambios estructurales verdaderos, seguirán las prácticas para simular que se actúa conforme a los procedimientos democráticos emanados de la Constitución. Esto conviene señalarlo, a fin de evitar falsas expectativas, las cuales generó el presidente López Obrador al asumir la Presidencia, con todo a su favor para actuar conforme a sus promesas de campaña.

Se pueden esgrimir muchos argumentos jurídicos para justificar el incumplimiento de los compromisos que favorecen el progreso del país, pero nunca se podrá ocultar la verdad histórica de hechos cuya trascendencia nos rebasa. El presidente Adolfo López Mateos asumió los riesgos que conllevaba la nacionalización de la industria eléctrica, como un acto de soberanía que permitiría al país contar con la rectoría necesaria en materia tan estratégica, como la generación de energía eléctrica.

Antepuso los intereses nacionales a las argucias leguleyas que interpusieron los intereses afectados, en su mayoría estadunidenses. Esta realidad la revirtieron los tecnócratas neoliberales en función de su compromiso con la Casa Blanca y sus testaferros financieros, siguiendo el camino de destruir a la CFE, como también lo llevaron a cabo con Pemex, justificando así su desmantelamiento que daría paso a la privatización a precios irrisorios.

En solo tres décadas, la CFE pasó de generar el total de la energía que consumía el país, a producir 54 por ciento; luego de la contrarreforma de Enrique Peña Nieto, pasó de perder nueve mil 923 millones de pesos, a una merma de 39 mil 864 millones, en la primera mitad de 2018. (Datos de la SCHP). Lo más gravoso y trágico para el país es que la paraestatal asumió los costos de integrar a las empresas privadas (como Iberdrola, entre otras) a la red eléctrica, aunque la infraestructura pasó a manos de éstas. Ahora se dejó una carga fiscal de 50 mil millones de dólares, la cual ascenderá a 200 mil millones en los próximos 25 años, por los intereses.

De tal magnitud es el daño a la nación, de ahí la justificación de la iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica neoliberal. Pero la SCJN se opuso, hecho previsible desde el momento en que se encargó al ministro, Luis María Aguilar, la redacción del texto en respuesta a la iniciativa del Ejecutivo. Es válido apuntar que la Cuarta Transformación (4T) no se podrá concretar aún, desde el momento en que fue nombrada secretaria de Gobernación la ex ministra Olga Sánchez Cordero, quien como tal legitimó la reforma energética de Peña Nieto.

Ahora, con la aprehensión del exgobernador de Puebla, Mario Marín, salió a la luz que el voto de la ministra Sánchez Cordero, hace 14 años, permitió que Marín fuera exonerado de las acusaciones de secuestro y tortura a la periodista Lydia Cacho, ya que tal hecho “no implicaba violación grave de sus garantías individuales”, como argumentó en ese entonces la Corte. A partir del miércoles, Marín enfrenta el proceso en su contra, una vez aprehendido por la Fiscalía General de la República.

Otro tanto sucede con el empresario favorecido por el régimen salinista, Alonso Ancira, al ser extraditado por España. Se le acusa de lavado de dinero y de pagar un sobreprecio de 3.5 millones de dólares por una empresa chatarra, anteriormente propiedad de la nación. Al momento de escribir estas líneas aún permanecía detenido; su abogado asegura que como los delitos de los que lo acusa la Fiscalía no son graves, se le seguirá juicio en libertad. ¿Sucederá lo mismo con el exmandatario poblano?

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