Por: Édgar Burciga

Ahora resulta que Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social y de la Sedatu durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, está acusada de “ejercicio indebido del servicio público” por el caso de la «Estafa Maestra», con la que se desviaron más de dos mil 224 millones de pesos a través de 10 convenios con universidades, entre las que se encuentra la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), que fueron entregados a empresas fantasmas e ilegales, con lo que la exsecretaria engordó “su cochinito”.

En Durango, los funcionarios de dependencias federales, educativas y de la UJED, fueron los encargados de desviar recursos federales, por lo que están en la mira el exrector Óscar Erasmo Návar García, el exsecretario General José Antonio Herrera Díaz -pariente directo del exgobernador Jorge Herrera-, el exdirector de administración Manuel Gutiérrez, así como el exsubsecretario de educación superior de la SEP, Salvador Jara, quien se desempeña actualmente como asesor educativo a nivel estatal y en la propia universidad, entre otros.

Esto, debido a que las investigaciones federales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos entre dependencias y universidades motivó que desde el 31 de octubre de 2017 la entonces PGR, hoy Fiscalía General de la República, abriera una averiguación contra la UJED y la Universidad  Politécnica del Sur de Zacatecas, que, vía convenios con dependencias del Gobierno federal, recibieron recursos sin que se comprobara su aplicación.

El entonces rector firmó el convenio DGRMIS147/15, con el objetivo que la Universidad Juárez ejecutara un servicio de supervisión de distintos componentes del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la extinta Sagarpa, hoy Sader, por el que recibieron más de 30 millones de pesos y cuando los auditores comenzaron a verificar a profundidad los documentos entregados por la Universidad, producto de estos convenios, se encontró que todos era parecidos entre sí, lo que no justificaba que se manejaran como convenios distintos y por ende se pagara varias veces por casi lo mismo.

Además, la UJED recibió casi siete millones y medio de pesos por un manual de organización para la Dirección de Recursos Materiales que, de acuerdo con los auditores, era totalmente innecesario debido a que la propia dependencia federal cuenta con un área específica encargada de elaborar los manuales de las unidades administrativas que la integran.

Llama la atención porque el exrector había sido titular de la Contraloría Municipal y de la Secretaría de la Contraloría, y uno de sus objetivos era fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, lo que en la Universidad fue en realidad opacidad y corrupción.

Mientras tanto, las obras que se llevan a cabo al interior de la máxima casa de estudio las realiza el hijo del exrector Rubén Calderón, junto con Wilfrido Salas, sin la calidad requerida para el uso de la comunidad universitaria.

Es momento de conocer el destino de los recursos y se deslinden responsabilidades, las acusaciones contra Rosario Robles y “su cochinito” amenazan con sacudir nuevamente a la UJED si insisten en esconder los ilícitos y “el cochinito universitario”.

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