Por: Juan Alberto Esquivel y Cebrián

En el artículo anterior, comentábamos como el actual pobre desempeño de los partidos políticos es, a mi juicio, el tercer puntal de la corrupción en México.

Igualmente, vimos que, conforme a la definición que de ellos da la Ley General de partidos políticos, éstos tienen tres funciones:

1) Promover la participación del pueblo en la vida democrática;

2) Contribuir a la integración de los órganos de representación política y

3) Hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público.

Entonces, su interés gira en torno a la obtención de cargos políticos para sus recomendados.

Empecemos por las dos últimas y convengamos que «el ejercicio del poder público», con un enfoque sano, es sinónimo de gobernar.

Entonces, la tarea de los partidos políticos es proponer a la sociedad, municipal, estatal o nacional, a las personas que considera son las idóneas para llevar a cabo un buen Gobierno, sea por la vía del ejecutivo o la del legislativo.

Todos entendemos que el hecho de proponer a alguien para ocupar un puesto de trabajo, supone que el proponente avala al propuesto en relación con su futuro desempeño y, para ello, está seguro de la capacidad, eficacia y honestidad de su recomendado.

Pero cuando el puesto de trabajo significa, de algún modo, la labor de gobernar; esto es, de asumir la responsabilidad de crear las condiciones para que cientos, miles o millones de personas alcancen un nivel y calidad de vida digno y en progreso, el compromiso de quien propone al candidato es superlativo.

Por eso, la Nación financia a los partidos políticos para que éstos capaciten suficientemente a sus futuros candidatos (Art. 51.c. 1 de la LGPP) y seleccionen, de entre sus mejores capacitados, a quien, por su brillante desempeño, pueda satisfacer a sus gobernados y así, sea clara evidencia de la capacidad de su partido para formar buenos gobernantes.

Pero como de ese financiamiento el 30 por ciento se les otorga como base común y el 70 por ciento por la votación alcanzada, entonces, parece que su interés se orienta más a proponer a quien disponga de un buen «capital social»; esto es, de quien sea objeto de consumo electoral rentable antes que en aportar gobernantes honestos, eficaces y eficientes y desafortunadamente, las denuncias que han sazonado las noticias políticas desde hace años hasta la actualidad, nos muestran con crudeza esa realidad pero, al parecer, es más rentable promover imágenes populares que formar gobernantes.

Es fácil comprender que, de esta manera, la primera función que se asignan los partidos, «proveer la participación del pueblo en la vida democrática», se la saboteen ellos mismos y se vean obligados a la obtención irregular de votos, mediante campañas electorales ofensivamente caras, dentro de una sociedad pobre.

Pero dejemos estas reflexiones para una siguiente colaboración.