Por: Quetzal Herrera

La percepción ciudadana respecto al combate a la corrupción por parte del Gobierno Federal, tiene puntos a favor con la detención y extradición del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien a pesar de la estrategia por parte se la Fiscalía General de la República (FGR), a su llegada a territorio nacional, para desviar la atención de los medios porque no fue trasladado al reclusorio, sino a un hospital privado al sur de la Ciudad de México; y donde de acuerdo a una declaración del líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, el excolaborador de Enrique Peña Nieto tiene la posibilidad de no pisar la cárcel de momento si se determina que estaría en calidad de «testigo colaborador».

De confirmarse lo que argumenta el Legislador federal, sería de impacto negativo en la estrategia electoral morenista para el próximo año, pues lo más relevante que la sociedad espera es ver tras las rejas a quien o quienes sean responsables de los sobornos a la constructora brasileña, Odebrecht, así como por la compra de Agro Nitrogenados y el asunto de Fertinal, porque para los mexicanos los asuntos judiciales suelen demandarse desde la practicidad de los hechos, «si existen responsables que regresen el dinero y que vayan a la cárcel», a pesar de los derechos que todo ciudadano tiene de apegarse a la Ley, la ruta de la percepción, llevado a la política, siempre se convierte en realidad.

El otro escenario del que también comentó Monreal y que según especialistas pudiera darse, es de entrada que Lozoya Austin pudiera apegarse a los llamados «criterios de oportunidad», que es muy similar al de “testigo protegido”, opción que forma parte de las reformas a la Constitución publicadas en junio del 2008, donde de entrada sí estaría recluido en un centro penitenciario el exdirector de Pemex, y lo que varía sería el tiempo que permanecería, pues con este elemento jurídico el ministerio público tiene la opción de desistirse de manera parcial o total; y ambos escenarios se estarían dando a conocer en los próximos días, conforme avance el proceso legal.

Además del futuro legal de Emilio Lozoya, viene también la parte de compartir responsabilidades de los temas que se le imputan, y que en lo político tendrá consecuencias para varios actores a nivel nacional, pues con lo que ha amagado respecto a los sobornos que en su tiempo entregó, es la principal «arma» que la Cuarta Transformación (4T) tiene para explotar electoralmente hablando de cara al 2021, porque no debemos perder de vista que el reto para López Obrador y Morena con aliados, es mantener la mayoría en la Cámara Baja del Congreso de la Unión; por lo que dependerá en gran medida  el hecho de que un asunto legal, pueda capitalizarse en las urnas si es que también no se viola el debido proceso, como sugirió el Ejecutivo Federal.

Si Emilio Lozoya tiene la disposición para colaborar con el Gobierno mexicano, el manejo de la información que se determine será fundamental de entrada en la credibilidad hacia esta administración federal, así como los tiempos para comenzar a socializar lo que el exfuncionario vaya diciendo, porque en los próximos meses seguramente la ola de denuncias contra otros personajes serán constantes, y donde quizá quien pudiera estar nervioso en este momento es el expresidente, así como su círculo más cercano.

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