Por: Erick R. Solís Tavizón

Estamos a punto de cumplir un año desde que apareció el primer caso de COVID-19 en México, desde ese día hemos vivido una pesadilla que en muchas Entidades Federativas veíamos muy lejana pero que ahora, se ha convertido en una espantosa realidad. La pandemia que generó el Coronavirus ha sido, entre otras cosas, un eficaz acelerador de diferentes tendencias que se encontraban pausadas desde hace varios años, una de ellas tiene que ver con el funcionamiento de los métodos de impartición de justicia. La nueva normalidad tiene que obligar a los tribunales y fiscalías a trabajar de una manera diferente, si es que se quieren evitar mas contagios de abogados, jueces, magistrados, fiscales y de las miles de personas que son parte del sistema de impartición de justicia, y, cuando se habla de materia penal, el camino es aún más largo, teniendo en cuenta que es una de las especialidades de la ciencia jurídica que más requiere la acción en presencia, de investigación y de la humanización bajo el marco de protección de los derechos humanos.

El litigio y la defensa de los derechos fundamentales como la vida, la libertad y el patrimonio, nos llevan a afirmar que las pausas en materia penal, no pueden existir. La irresolución que se ha propiciado en aquellas personas que participan como partes dentro del procedimiento penal, ha causado estragos incomprensibles para los distintos operadores de justicia y una inexplicable incertidumbre para nuestros representados.

En Durango, han sido muchas las voces de abogados que se han manifestado en desacuerdo con respecto a la forma en que la autoridad judicial ha llevado a cabo estrategias para que el sistema no se detenga y para que disminuyan los contagios. Resultaría entonces demasiado ambicioso, pero necesario, presentar en este espacio algunas propuestas que se pueden considerar para que el sistema judicial en Durango se convierta en ejemplo de solidaridad y de responsabilidad social para todos, venerando el derecho del acceso a la justicia que nos otorga la Constitución en su artículo 17.

Por Ejemplo: Si no es a corto plazo que se pueda dotar de infraestructura tecnológica a Jueces de Control, a los Tribunales de Enjuiciamiento y los Tribunales de Ejecución de sanciones, respetar la que ya se tiene, y que se establezca una mejor estrategia logística en la apertura escalonada para dar acceso a todas las figuras procesales que permitan resolver de manera anticipada el conflicto penal, ya sea por medio de procedimientos abreviados, audiencias de revisión de medidas cautelares y audiencias de solicitud de sobreseimiento. También, seguir incentivando al teletrabajo, siendo esta una verdadera opción para salvaguardar la salud de los operadores de la justicia y que los principios de publicidad e inmediación se respeten a través de la innovación tecnológica. Otro tema importante es la garantía del acceso a la justicia, misma que debe actualizarse aprovechando la coyuntura, considerándose a la justicia un servicio esencial, para ello la justicia virtual, la recepción de promociones y acuerdos correspondientes, se pueden realizar a través de correos y medios electrónicos que ayuden a evitar el contacto físico y de documentos.

El 27 de abril se cumplirá un año en el que el estado de Guanajuato, aprovechando los beneficios tecnológicos, resolvió en tiempo real un procedimiento abreviado a través de una videoconferencia dictando una sentencia condenatoria en un asunto mediáticamente relevante. Los estados de San Luis Potosí y Nayarit han propuesto algunas modificaciones en la normativa interna para habilitar días en especifico para atender tramites relacionados con actos que afecten el interés superior de las niñas, niños y adecentes, así como mujeres victimas de violencia y grupos vulnerables. ¿Y en Durango?

Y aunque es por todos conocido los actuales problemas legales que enfrenta el Magistrado Presidente del Tribunal del Estado y que su situación ya se encuentra en la cancha del Congreso del Estado, sirva el presente como un llamado urgente al Poder Judicial para implementar de manera inmediata un correcto sistema de justicia Penal Acusatorio en tiempos de pandemia, en beneficio de los justiciables y en recuperación hacia una sociedad democrática que reclama justicia pronta y expedita.

ES cuánto.

Por: Erick R. Solís Tavizón

Twitter: @ErickSolisT