Por: María de Lourdes López Salas

Al aprobarse la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental en México en el año de 2002, dentro de los principales retos que se tuvieron fue la forma en que se ejercería el derecho a saber.

Dicha Ley en su origen tenía como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

Por lo tanto, el derecho era limitado a la federación, lo que originó que las entidades federativas elaboraran sus propias legislaciones con el fin de darle vigencia al derecho a saber en el ámbito local.

Dentro de esa primera legislación se estableció que era necesario: “Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos”.

Fueron los integrantes del primer pleno de Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, los idearon la posibilidad de usar las nuevas tecnologías de la información y comunicación para que las personas pudieran presentar solicitudes de información.

Surge entonces con la primera Ley de Transparencia, el Sistema de Solicitudes de Información (SISI), posteriormente en el año 2006, con apoyo del Banco Mundial, se desarrolló el sistema Infomex que es una herramienta electrónica que administra la gestión de solicitudes de información, para que cualquier persona pudiera ejercer su derecho de acceso a la información pública, y de acceso o rectificación de datos personales.

A partir de la reforma constitucional del artículo 6°, referente al derecho de acceso a la información en el año 2014, nace la Ley General de Transparencia que daría vida a la creación de una plataforma en el artículo 49:

Artículo 49. Los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán en funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley para los sujetos obligados y Organismos garantes, de conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

Por consecuencia, se crea la Plataforma Nacional de Transparencia, PNT, que hace unos días cumplió cinco años de funcionamiento y se reporta que se han presentado más de dos millones 24 mil solicitudes a nivel nacional.

Del total de solicitudes ingresadas por la PNT, desde que inició operaciones, el 5 de mayo de 2016, al 30 de abril de 2021, 541 mil 902 fueron dirigidas a instancias públicas de la Federación y un millón 482 mil 896 a instituciones de las entidades federativas, de acuerdo con los datos del comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, quien ha encabezado este proyecto desde el órgano garante nacional.

El uso de las nuevas tecnologías permite que de manera electrónica se puedan realizar solicitudes de información y a la vez buscar la información relevante, así como presentar recursos de impugnación, sin duda se ha avanzado en ello.

Sin embargo, es necesario reflexionar que el total de la población cuando menos en nuestro país o el estado, no cuenta con acceso a internet y a las tecnologías de la información y comunicación, por lo que esta situación debe llevarnos a repensar cómo acercar el derecho a saber a esas poblaciones marginadas.

Twitter: @lululopezsalas