Por: María de Lourdes López Salas

En los últimos días hemos venido escuchado la importancia de que las autoridades establezcan mecanismos de contrataciones abiertas, a fin de frenar actos de corrupción y la discrecionalidad con la cual a veces se maneja no solo la asignación de las compras y adquisiciones, sino otras acciones gubernamentales.

La semana pasada, el Gobierno municipal a través del alcalde Jorge Salum del Palacio, dio a conocer el resultado de la investigación que se hizo sobre el contrato de las luminarias que la administración anterior llevó a cabo con una empresa, aparentemente para ahorrar el uso de la energía a través del uso de lámparas LED.

Luego de un exhaustivo análisis del contrato y de los supuestos beneficios con las lámparas LED, se detectaron varias anomalías que derivaron en la propuesta de cancelación de dicho contrato por parte del Cabildo municipal.

El argumento de la gestión municipal anterior fue que se tendría un ahorro por concepto de consumo de energía eléctrica por el uso de luminarias LED, situación que según se explicó en el pasado permitiría costear el pago total de dicho contrato.

Al llevar a cabo la revisión de ese argumento se identificó que no había tal ahorro o era muy poco, por lo que el municipio paga aproximadamente siete millones 700 mil pesos por consumo de energía eléctrica.

Otra de las irregularidades que se identificó, fue el faltante en la colocación de las luminarias pactadas en el contrato que eran 35 mil 883, por lo que a la fecha no se tiene esa cantidad y no se tienen contabilizadas 400.

Sumado a lo anterior, la empresa se comprometió a instalar luminarias, pero actualmente solo se tienen contabilizadas 35 mil 489, por lo que existe un faltante de casi 400 luminarias.

El tema de este contrato, es un ejemplo de la falta de claridad y transparencia en la adquisición de bienes y servicios. Por lo tanto, estamos frente a la oportunidad inmejorable para aplicar prácticas y estándares nacionales e internacionales de compras abiertas.

Con lo anterior queda evidente que mediante el ejercicio del acceso a la información y la transparencia, se visualizaron con mayor fuerza los actos de corrupción y acciones que pusieron en riesgo el uso de los recursos públicos.

Una opción podría ser la Ley General de Contrataciones Públicas, que ya se encuentra en proceso de análisis y discusión en la Cámara de Diputados Federal, cuyo propósito es disminuir los riesgos de la corrupción en las adquisiciones, estandarizar la información de adquisiciones y además facilitar la reactivación económica después de la crisis que trajo consigo la pandemia del COVID-19.

La difícil situación económica que estamos viviendo en todos los niveles, incluye al ámbito público, por ello es que los dineros deben ejercerse con total transparencia y honestidad, pero sobre todo si se detectaron anomalías en el pasado, se requiere aplicar la Ley y las sanciones correspondientes, con el fin de que los niveles de impunidad disminuyan.

Hoy más que nunca se requiere recobrar la confianza del ciudadano, que no cree en sus gobernantes ni en las instituciones de Gobierno.

Titular de la Unidad de Transparencia e Información Municipal, UTIM, Durango

Twitter @lululopezsalas