Por: Juan Alberto Esquivel y Cebrián

Ya son varias las personas que me reprochan el que sea un crítico de la actual administración federal y me ponen como ejemplo de sus grandes logros a los «apoyos sociales» que reciben millones de familias -algunas más de uno- y que representan un ingreso modesto, pero útil.

La respuesta a ese reproche es que tales «apoyos» no nacen de un ánimo solidario con las familias, sino con la intención de transformar el agradecimiento en un compromiso que se pagará en las urnas electorales. Una simple compra de votos a mediano plazo.

Esta es una práctica común de los políticos de corte populista que viene desde la época de la república romana (en épocas de antes de Cristo) y tal vez de antes, desde las ciudades-estado griegas.

En la actualidad, los partidos políticos que tienen a sus activistas o gestores atendiendo demandas sociales de bienes o servicios, no hacen sino tratar de comprometer votos a su favor para las siguientes elecciones. Simples mecanismos de mercadotecnia.

Y hay individuos ávidos de poder que se dedican a «ayudar» a gentes necesitadas, con la intención de construir su capital político para incorporarse, en posición de fuerza, a cualquier partido político que le dé oportunidad de acceder a algún puesto de elección popular. Simple inversión con fines políticos y las ganancias que vienen asociadas.

Y quienes han estado -o están- en la órbita de algún líder o gestor social «independiente», saben que a cambio de la despensa, medicina, láminas o cualquier otra cosa o servicio que reciben, tienen que acatar las indicaciones electorales que, en su momento, se les impartirán. Es una simple transacción comercial.

Y no está mal el que se gestione o se reciban los bienes o servicios. La cuestión está que, con esta manera de comprometer votos, -generalmente con recursos públicos- se propicia que los ciudadanos perdamos la perspectiva de la verdadera función de los partidos políticos y la de sus recomendados cuando acceden a cualquier puesto de Gobierno, gracias a esos votos, y, así, los ciudadanos beneficiados -o con la esperanza de serlo-, por agradecimiento y hasta por temor de perder esos «beneficios», nos volvemos cómplices pasivos de los gobernantes corruptos. De ahí el dicho muy común desde hace muchos años de que «…ya sé que van a robar pero, siquiera, que hagan -o repartan- algo…».

En varias ocasiones he comentado que la función de un Gobierno es crear las condiciones para que sus gobernados prosperen y alcancen condiciones y calidad de vida dignos. Y esto es posible, dicho de manera esquemática, cuando existe un estado de derecho que ofrezca una verdadera seguridad pública y garantice la preservación de personas y bienes, aunado a políticas de Gobierno que estimulen la inversión privada y pública para la generación de fuentes de ingreso familiar, legales y justas.

Sumado a ello, están los servicios de salud y educación eficaces y de calidad así como espacios de re-creación que posibiliten el desarrollo integral de los gobernados.

Y esto es lo que hace un gobernante con calidad de estadista: esforzarse para que prosperen sus gobernados, pero un político populista prefiere que sus gobernados se mantengan en condiciones de constante necesidad para que sean perenes demandantes de «apoyos» y lo mantengan en el poder.

Es claro que en los sexenios anteriores se ha usado esta forma de comprometer votos y, con seguridad, es una de las causas por las cuales la pobreza no ha disminuido y si ha crecido la corrupción.

Por esto es que soy crítico de la actual administración federal pues, a lo que se ve, ha hecho de los «apoyos sociales» su principal hecho de gobierno y, así, da a entender que su intención no es combatir a la pobreza sino preservarla y hasta incrementarla para, de esta manera, tener a millones de votantes dependientes de los «apoyos sociales» quienes, seguramente, se lo agradecerán en las urnas y estimularán su megalomanía diciéndole que es «buena gente».

¿O tú qué opinas, paciente lector?