El gobierno del expresidente Donald Trump presentó este sábado un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que se levante el bloqueo temporal que impide la expulsión de migrantes venezolanos hacia El Salvador. La medida fue emitida de forma urgente por el alto tribunal durante la madrugada del viernes, tras una petición legal presentada por la organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

El recurso, firmado por el procurador general John Sauer, busca que se autoricen nuevamente los vuelos de deportación al país centroamericano y que el caso sea devuelto a las cortes de menor instancia para su resolución. Según argumenta la administración, la petición de ACLU fue “prematura” y omitió seguir el procedimiento judicial correspondiente.

El intento de expulsión fue justificado por el equipo legal de Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, una normativa utilizada históricamente en contextos bélicos. La administración acusa a los migrantes de tener vínculos con el Tren de Aragua, una organización criminal transnacional que ha sido catalogada por el gobierno como “terrorista”.

Esta invocación legal ha generado críticas severas por parte de juristas, organizaciones civiles y legisladores demócratas, quienes advierten sobre una posible crisis constitucional por el uso de una ley considerada obsoleta y extrema para casos migratorios.

La intervención del Supremo se produjo tras una acción urgente de ACLU, que alertó que decenas de migrantes venezolanos detenidos en el centro Bluebonnet, Texas, serían trasladados “de forma inminente” a El Salvador sin haber recibido el tiempo necesario para preparar su defensa legal. La organización también denunció que los documentos entregados a los detenidos estaban redactados únicamente en inglés, pese a que la mayoría de ellos no habla ese idioma.

Aunque el gobierno asegura que notificó previamente a los migrantes y que no procederá a su expulsión bajo la citada ley, ACLU sostiene que la intención era clara y que se estaban violando decisiones judiciales previas.

La política de deportaciones se enmarca en un acuerdo bilateral con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, mediante el cual Estados Unidos ha comenzado a enviar migrantes detenidos al CECOT, una prisión salvadoreña conocida por sus condiciones extremas y múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Según información oficial confirmada por ambas partes, Washington pagará seis millones de dólares anuales a El Salvador para financiar el alojamiento de los migrantes. Hasta la fecha, más de 200 venezolanos han sido trasladados, aunque, según una investigación del medio Bloomberg, el 90% de ellos no cuenta con antecedentes penales en EE.UU.

La Corte Suprema deberá ahora decidir si mantiene la suspensión de las expulsiones mientras se evalúa el fondo del caso o si permite que el gobierno de Trump reanude las deportaciones. El asunto promete convertirse en un nuevo punto álgido en la batalla jurídica y política sobre la política migratoria en Estados Unidos.

ACLU reiteró este sábado su compromiso de defender los derechos de los migrantes y advirtió que seguirá documentando posibles abusos en el uso de leyes antiterroristas con fines migratorios.

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