El diputado Martín Vivanco, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado de Durango para incluir de forma clara el concepto vivienda social en arrendamiento dentro de la Ley de Vivienda. Esta propuesta busca atender a los sectores de la población que enfrentan barreras económicas para acceder a una vivienda adecuada.

“Existe una barrera económica visible en la relación entre los ingresos promedio por hogar y el precio de la vivienda”, señaló Vivanco desde tribuna.

Actualmente, el costo promedio de una vivienda en Durango alcanza los 1.7 millones de pesos, mientras que el ingreso familiar promedio es de solo 14 mil pesos mensuales. Esto hace prácticamente imposible adquirir una propiedad, incluso destinando el 100 % del ingreso familiar. A esto se suma el aumento del 30 % en los precios de vivienda en arrendamiento, lo que ha generado una crisis habitacional en la región.

Vivienda social en arrendamiento, una solución necesaria en Durango

La propuesta incluye no solo el reconocimiento de la vivienda social en arrendamiento, sino también la creación de un Plan de Vivienda de Arrendamiento Asequible en Zonas Metropolitanas. Este plan pretende:

• Aumentar la oferta de vivienda adecuada en arrendamiento.

• Incentivar precios justos.

• Promover viviendas cerca de centros educativos, laborales y de recreación.

El diputado enfatizó que la vivienda no debe seguir tratándose como una mercancía, sino como un derecho humano fundamental.

Reforma legislativa para garantizar vivienda adecuada en arrendamiento

La iniciativa también propone reformar la Ley de Asentamientos Humanos para garantizar:

1. El derecho a vivir en ciudades en condiciones dignas.

2. El derecho a una vivienda adecuada y asequible.

3. Seguridad jurídica para los arrendatarios mediante escrituras y contratos formales.

4. Disponibilidad de servicios básicos como agua, electricidad y drenaje.

5. Condiciones de habitabilidad, con protección frente a riesgos estructurales y climáticos.

El objetivo es modificar la concepción actual de la vivienda y avanzar hacia un enfoque garantista, que priorice a las personas sobre los intereses del mercado inmobiliario.

Esta propuesta integral pretende coordinar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para hacer de la vivienda un derecho real, especialmente para quienes más lo necesitan.