Por: Antonio Gaytán
Se han recibido 40 denuncias presentadas por familiares de personas diagnosticadas con meningitis en la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), informó la titular Sonia Yadira de la Garza Fragoso.
Denuncias por los procedimientos quirúrgicos realizados en hospitales privados; en estos casos se centra todo el esfuerzo para fincar responsabilidades en el menor tiempo posible.
Esto en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COPRISED).
La FGED determinó clausurar tres nosocomios señalados en dichas denuncias, en los cuales, se aseguró medicamento, instrumental y expedientes relacionados con el caso.
De estas denuncias, precisa la fiscal de la Garza Fragoso, se incluyen 60 pacientes, de las cuales 11 de ellas no tuvieron diagnóstico positivo a meningitis, pero al conocer que fue el mismo hospital donde ejecutaron el procedimiento decidieron mantener la querella, por lo que se continúa con las indagatorias.
“En este momento se tienen asegurados más de dos mil 300 expedientes de dichos nosocomios, no precisamente son la cantidad de personas que fueron sujetas a procedimientos quirúrgicos donde hubo bloqueo, sin embargo, se están analizando y en los casos que si hubo bloqueo se genera una base de datos que se le proporcionan a la Secretaría de Salud del Estado para realizar el seguimiento de posibles pacientes que pudieran tener afectaciones”, detalló.
En relación con la primera muerte de una paciente se tomó la muestra correspondiente en la necropsia para analizar los tejidos, con esta muestra se pudo establecer cuál era el tratamiento ideal que se les daría a las pacientes.
Para enriquecer la investigación se generó otra base de datos para determinar la paciente, cuando fue el procedimiento, en qué lugar, qué médicos y qué enfermeras participaron, así como el medicamento utilizado; recalcando que este es un trabajo importante en conjunto con COFEPRIS, COPRISED y la Fiscalía General del Estado, porque pudiera haber responsabilidad penal y administrativa contra quien resulte responsable.
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