El pasado 20 de octubre, los integrantes de la asociación Unidos contra los Fraudes, presentamos una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, para denunciar al exgobernador José Aispuro Torres y a sus fiscales Ramón Guzmán Benavente, Ruth Medina, Daniel Rocha Romo, Iván Eliazib Botello Castro, entre otros, por violencia institucional y por los delitos contra la adecuada impartición de justicia y en la administración de justicia, expuso Salvador Esquivel
“Esté crimen de estado, en el que fuimos víctimas de fraudes orquestados desde las altas cúpulas del poder político nacional, se afectó en su mayoría a adultos mayores, a los que les ofrecieron franquicias de empresas fantasmas”.
Detalló, que de inicio eran más de 300 los expedientes abiertos, pero al no haber avances en la investigación, ya solo permanecen 40.
“Se pedía una inversión mínima de 100 mil pesos y se supone que les regresarían un 10 por ciento mensual de ganancias. A lo mucho les pagó un mes, pero después ya nada. A partir de 2017 que esto sucedió, los señalados se han encargado de realizar acciones de obstrucción a la justicia, además de revictimizar a los afectados”. expuso.
Abundó que en su momento Ramón Gerardo Guzmán Benavente recibió los estados de cuenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en junio de 2017, pero los ocultó. Por su cuenta hicieron una auditoría forense.
El entrevistado dijo que el 25 por ciento del dinero que recaudaron esas empresas fantasmas se destinó al financiamiento de campañas políticas en todos los estados de la República.
Finalmente, dijo que, de no haber solución a este tema, van a acudir a organismos internacionales porque aquí hasta los ministerios públicos han extorsionado a las víctimas porque les piden dinero para que “camine” el trámite.
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Por: Brenda Maurer
