• Secretario de Gobierno externa su molestia por quienes hacen mal uso del 911

Por: Antonio Gaytán

El reporte de derrumbe en la mina de la comunidad de Birimoa, del municipio de Canelas, con trabajadores atrapados, resultó ser una falsa alarma, una de las 15 mil llamadas de “broma” que se reciben mensualmente en el 911, declaró el secretario General de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, suceso que movilizó a corporaciones de Protección Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sí se presentó un accidente en la mina, la volcadura de una maquina donde lamentablemente perdió la vida una persona, pero no el derrumbe de un túnel como se dijo en la llamada y que ante la falsa versión de gente atrapada provocó que saliera una gran cantidad de corporaciones.

Atender una llamada de broma genera una pérdida de valiosos minutos en la atención de emergencias reales y de recursos, ya que se deben de aplicar protocolos de operación y se movilizan corporaciones de Seguridad Pública, Protección Civil y Cruz Roja.

“Nosotros somos respondientes de cualquier llamada, confiamos en la sociedad, lamentablemente hay muchísimas llamadas falsas, no debemos hacer mal uso del 911 y hacemos un llamado a los padres de familia para que eviten que sus hijos hablen para hacer bromas; también hay algunos drogadictos, malnacidos, que lo usan para mover a las corporaciones y distraerlas”, externó, evidentemente molesto el secretario de Gobierno.

La estadística del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), registra que en el mes de octubre se recibieron 67 mil 396 llamadas al 911, de las cuales 47 mil 327 fueron de broma, en su mayor parte realizadas por niños y adolescentes.

La Ley contempla una sanción de seis meses a dos años de prisión y multa de 36 a 144 veces la Unidad de Medida y Actualización para quien haga uso indebido de los números de emergencias y se aumentará hasta dos terceras partes de la pena, si con la llamada o mensaje en falso se produce un daño, se altera el orden público o se distrae el estado de fuerza de la autoridad; además de condenar al infractor a la reparación de los daños ocasionados y la indemnización de los perjuicios.