En una decisión sin precedentes, el juez Alexandre de Moraes de la corte suprema de Brasil ha rechazado levantar la suspensión de la red social X en el país. Esta medida ha sido tomada luego de que la plataforma propiedad del magnate Elon Musk incumpliera órdenes judiciales previas. De acuerdo con la sentencia emitida por el magistrado, X deberá pagar una multa de 10 millones de reales, equivalente a 1,8 millones de dólares, para poder volver a operar en Brasil de manera inmediata.

Moraes impuso esta multa como consecuencia del uso de un servidor por parte de la red social para eludir el impuesto de bloqueo la semana pasada. Además, el juez también ha exigido que la representante legal de X en Brasil, Rachel de Oliveira Villa Nova, pague una multa de 300.000 reales, aproximadamente 55.000 dólares, como parte de las condiciones para que la plataforma pueda reanudar sus actividades en el país.

La suspensión de X y las estrategias de evasión

X se encuentra suspendido en el país más poblado de América Latina desde el 31 de agosto, después de que Moraes ordenó su bloqueo por no cumplir con las órdenes de retirar cuentas acusadas de desinformar y designar un representante legal en Brasil. A pesar de la suspensión, el miércoles pasado la red social logró volver a estar disponible en Brasil gracias a una estrategia técnica para eludir el bloqueo, aunque pronto dejó de funcionar nuevamente tras una nueva resolución judicial.

El enfrentamiento entre Alexandre de Moraes y Elon Musk ha puesto de manifiesto un debate sobre los límites de la libertad de expresión en Brasil. Mientras X alega estar comprometido a proteger la libertad de expresión dentro de los marcos legales, el juez lo acusa de permitir la difusión de información perjudicial para la democracia. Por su parte, Musk no ha escatimado críticas hacia Moraes, llegando a describirlo como un «dictador malvado». A pesar de los desencuentros, la empresa ha manifestado su respeto por la soberanía de los países en los que opera. La resolución del juez Alexandre de Moraes representa un capítulo más en la batalla legal entre X y las autoridades brasileñas, dejando en el aire el futuro de la red social en el país. Con millones de usuarios en juego, la situación plantea interrogantes sobre el rol de las plataformas digitales en el escenario político actual.

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