El Capitolio de Estados Unidos se convirtió este martes en el escenario de un enfrentamiento político de alta intensidad durante la comparecencia de los responsables del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Los directivos Todd Lyons, Rodney Scott y Joseph Edlow fueron interrogados por el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes tras la creciente ola de denuncias sobre abusos, detenciones sin orden judicial y el uso de tácticas letales, como las que recientemente resultaron en las muertes de Renee Good y Alex Pretti.

La sesión estuvo marcada por las duras críticas de los legisladores demócratas, quienes compararon el actuar de los agentes federales con cuerpos de seguridad de regímenes totalitarios del siglo XX. El congresista Dan Goldman calificó las tácticas de «abiertamente fascistas» y «antiamericanas», cuestionando específicamente por qué los agentes operan con el rostro cubierto, se niegan a identificarse y realizan arrestos de ciudadanos estadounidenses. Por su parte, el director interino del ICE, Todd Lyons, defendió el uso de máscaras y aseguró que sus operativos se basan en «inteligencia» y no en el perfilamiento racial, pese a que informes identifican cientos de casos de ciudadanos detenidos por error.

La controversia sobre la identificación de los agentes ha trascendido el ámbito operativo para convertirse en un obstáculo político. La obligatoriedad de usar placas identificables y cámaras corporales es actualmente uno de los puntos centrales en las negociaciones entre demócratas y republicanos para evitar el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por falta de fondos.

Si no se alcanza un acuerdo presupuestario antes del viernes, el departamento dirigido por Kristi Noem cesará operaciones no esenciales, afectando no solo al ICE y la Patrulla Fronteriza, sino también a la Guardia Costera y agencias de emergencia. La negativa de Lyons a comprometerse con el «desenmascaramiento» inmediato de sus agentes ha endurecido la postura de la oposición, que acusa a la administración de fomentar la impunidad en las comunidades mediante el uso de policías federales con escasa formación y anonimato garantizado.

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