La polémica ley antimigrante de Texas ha pasado por un nuevo capítulo en su controvertida historia, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos levantara la suspensión que impedía su entrada en vigor. Menos de 24 horas después de haber sido puesta en suspenso, la mayoría conservadora del máximo tribunal del país decidió dar luz verde a la implementación de la ley, a pesar de la oposición de los magistrados liberales.

La decisión del tribunal ha generado un intenso debate, con opiniones encontradas respecto a su constitucionalidad. Mientras la mayoría conservadora sostiene que debe ser una corte de apelaciones la encargada de determinar si la legislación es compatible con la Constitución, los magistrados liberales han expresado su preocupación por los posibles efectos negativos de la ley en el equilibrio de poder federal-estatal.

Entre las voces críticas se encuentra la magistrada Sonia Sotomayor, quien en una opinión disidente advirtió sobre los posibles efectos adversos de la ley en la población de origen mexicano que reside en Texas. De hecho, expertos en derecho internacional han alertado sobre la posibilidad de que la legislación texana genere conflictos legales con el gobierno de México, al permitir que las autoridades de Texas deporten a personas sin considerar su estatus migratorio o nacionalidad.

Por su parte, el gobierno de Washington ha manifestado su oposición a la ley, argumentando que esta viola la Constitución y la ley federal al interferir con la regulación migratoria a cargo del gobierno central.

Mientras que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha defendido la necesidad de la ley como respuesta a la supuesta inacción del gobierno de Biden en materia migratoria, señalando que la medida es crucial para hacer cumplir las leyes federales de manera efectiva.

¿Qué implica la Ley antiinmigrante de Texas?

La polémica ley SB 4 penaliza los ingresos ilegales a Texas y autoriza la detención y deportación de migrantes, la cual fue aprobada por el gobernador Greg Abbott el año pasado. La normativa entraría en vigor el 5 de marzo de 2024, pero había sido frenada por jueces federales.

Desde su aprobación, la ley SB 4 ha despertado críticas y preocupaciones por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y de la comunidad latina en general. Se argumenta que esta legislación permitiría a los policías detener y deportar a personas basándose únicamente en su apariencia o sospechas. Lo cual podría derivar en actos de discriminación y violación de derechos fundamentales.

Además, la ley SB 4 autoriza a jueces estatales a ordenar la expulsión de migrantes a México, lo que ha generado aún más preocupación entre la comunidad migrante. Asimismo, se destinarán 1,500 millones de dólares para la construcción de un muro fronterizo en Texas. Según lo establecido en la ley, se asignarán entre 20 a 30 millones de dólares, provenientes de los impuestos pagados por los residentes de Texas, para la construcción de cada tramo de 1.6 km del muro fronterizo.

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