La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha presentado este jueves su segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el que documenta casos de ejecuciones arbitrarias, detenciones ilegales, torturas y violencia sexual cometidos por las autoridades venezolanas.

El informe de la ONU, basado en más de 200 entrevistas y el análisis de miles de documentos, cubre el período comprendido entre junio de 2020 y julio de 2021. Según la misión, hay “motivos razonables” para denunciar que el Estado venezolano ha violado el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física y mental de sus ciudadanos.

La presidenta del grupo de expertos, Marta Valiñas, ha alertado de que “continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos”, pese a que el número de víctimas ha disminuido en comparación con el año anterior. Sin embargo, ha señalado que “estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.

“Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela”, ha añadido Valiñas.

Entre los casos documentados por la misión se encuentran cinco ejecuciones arbitrarias cometidas por agentes del Estado, 54 detenciones ilegítimas y arbitrarias, y 29 casos de torturas y maltratos, incluyendo 19 casos de violencia sexual y de género. Además, la misión ha registrado casos de amenazas, hostigamiento, difamación y censura contra activistas, periodistas y opositores políticos.

Cambio de nombre pero no de prácticas en Venezuela

Francisco Cox, otro de los integrantes del grupo, ha atribuido al Gobierno de Nicolás Maduro “capacidad de adaptación” para “sofocar la crítica”, mediante el uso de mecanismos “duros y blandos” que aplica con distintos niveles de intensidad. “Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno”, ha explicado.

La misión también ha puesto el foco en la actuación de las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional, un cuerpo acusado de cometer numerosas ejecuciones extrajudiciales. Según el informe, las FAES han sido transformadas en la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), pero sin cambiar sus prácticas ni sus integrantes. “La transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos”, ha afirmado Valiñas.

Preocupación por el contexto electoral

El informe de la ONU se produce en un contexto electoral en Venezuela, donde se prevé que se celebren elecciones presidenciales en 2024. La misión ha expresado su preocupación por la inhabilitación política de varios líderes opositores, entre ellos Maria Corina Machado, una de las favoritas para enfrentarse a Maduro.

La misión ha instado al Gobierno venezolano a cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos y a rendir cuentas por las violaciones cometidas. Asimismo, ha pedido a la comunidad internacional que siga apoyando los esfuerzos para garantizar la justicia y la reparación para las víctimas.