La iniciativa de Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción fue enviada este lunes al Congreso de la Unión para su análisis y posible aprobación, con el objetivo de simplificar y homologar procesos administrativos en los tres niveles de gobierno.

Durante su participación en la conferencia matutina del 21 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la propuesta ya fue remitida, luego de que se concretara una reforma constitucional que habilita su presentación formal. La mandataria destacó que esta ley pretende eliminar obstáculos innecesarios para ciudadanos y empresas, alineando los procedimientos con los principios establecidos en la Constitución y en acuerdos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Entre los principales objetivos de la legislación se encuentran la homologación de requisitos, plazos y procedimientos, así como la consolidación de buenas prácticas regulatorias. Se busca reducir la discrecionalidad en la gestión pública, facilitar el acceso a derechos y fomentar un entorno propicio para la actividad económica.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, detalló que la meta es disminuir en al menos 50% los trámites, requisitos y tiempos de atención. A nivel estatal, se planea consolidar 300 trámites únicos, mientras que en el ámbito municipal, la meta es llegar a 100. Además, se prevé que al menos el 80% de los trámites estén disponibles en línea.

La propuesta también contempla la creación de un catálogo único de trámites y servicios, así como un Portal Único Ciudadano, que permitirá consultar de forma ágil los procedimientos y requisitos necesarios. A esto se suma la implementación de un Sistema Nacional de Atención Ciudadana, destinado a resolver dudas y brindar información sobre trámites.

Según lo expresado por las autoridades, esta reforma integral apunta a disminuir los márgenes de corrupción, fortalecer la certeza jurídica y facilitar la interacción de los ciudadanos con el aparato gubernamental.

Ahora, será el Congreso quien analice y discuta la propuesta, la cual forma parte de una estrategia más amplia para digitalizar la administración pública y promover una mayor transparencia en el ejercicio gubernamental.

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