Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien fue jefe antisecuestros de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), impugnó la vinculación a proceso que se le dictó por el caso Ayotzinapa.
El exfiscal antisecuestros es señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, conocido como El Cepillo. Dicha persona es testigo protegido en el caso de los 43 normalistas.
Cabe mencionar que en días pasados el exfuncionario de la entonces PGR ya había interpuesto una demanda de amparo contra la determinación del juez de control Juan José Hernández Leyva.
Previo a pronunciarse acerca de la admisión de esta demanda, la titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, Luz María Ortega, dio un plazo de cinco días al exfiscal para que aclarara el amparo.
La detención de Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se llevó a cabo el pasado 26 de junio.
Según el registro nacional de detenciones, los elementos de la Policía Federal Ministerial realizaron su captura en la zona conocida como Ojo de Agua, municipio de Tecámac. Tras ello, lo trasladaron al Reclusorio Sur.
Caso Ayotzinapa
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a la Ciudad de México. Lo anterior para participar en la manifestación por el 2 de octubre, por la matanza de estudiantes en Tlatelolco.
El gobierno de Enrique Peña Nieto presentó una primera versión de los hechos, a la que llamaron “verdad histórica”. En ella se indicaba que policías corruptos habían detenido y entregado a los normalistas al cártel Guerreros Unidos. Dicho grupo los habría asesinado e incinerado en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
Sin embargo, durante el 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia presentó un nuevo informe. En el cual señala que lo ocurrido fue un “crimen de estado” en el que se involucraron autoridades de todos los niveles. Además, señalan que no hay indicios de que los estudiantes estén vivos.