La Fiscalía General de la República (FGR) investiga un presunto fraude superior a los 1,230 millones de pesos en perjuicio del ISSSTE, en el que estarían involucrados 880 exservidores públicos, principalmente exintegrantes de la extinta Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

El caso se originó a partir de denuncias presentadas por el propio ISSSTE y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), tras detectar presuntas irregularidades en la tramitación de diversos expedientes laborales.

Así habría operado el presunto esquema.

De acuerdo con la investigación, los exagentes habrían promovido en 2021 varias demandas laborales para exigir una indemnización equivalente a 45 días del último salario base, prestación que, según las autoridades, ya no les correspondía tras reformas legales.

Además, se señala que los demandantes ya formaban parte del sistema de retiro mediante una Afore, lo que también impediría el acceso a dicha compensación.

Detectan irregularidades en los expedientes.

Las denuncias apuntan a múltiples inconsistencias en los procesos judiciales, entre ellas:

1. Falta de fechas precisas de ingreso laboral
2. Ausencia del salario base para calcular indemnizaciones
3. Continuación de procesos pese a omisiones en los expedientes
4. Resoluciones emitidas por una junta en Torreón, Coahuila, pese a la diversidad de origen de los demandantes

Las autoridades consideran que estas anomalías podrían haber afectado la validez de los procedimientos.

Un solo laudo concentraba más de 950 millones de pesos.

De los seis casos investigados, uno destaca por el monto reclamado, al ordenar el pago de 950 millones de pesos a 678 exservidores públicos, lo que representa la mayor parte del presunto daño al erario.

Sin embargo, el ISSSTE no llegó a realizar ningún pago, ya que las irregularidades fueron detectadas antes de la ejecución de los laudos.

La FGR ya indaga a funcionarios y juntas laborales.

La investigación también incluye la actuación de la Junta Especial Número 42 de la JFCA en Torreón, donde fueron admitidos y resueltos los expedientes cuestionados.

Las autoridades federales continúan integrando la carpeta de investigación para determinar si hubo delitos y posibles responsabilidades penales, tanto de exservidores públicos como de funcionarios involucrados en el proceso.

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