Aunque Genaro García Luna  ya fue declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizado en Estados Unidos y se encuentra a la espera de su sentencia desde febrero de 2023, las autoridades de México continúan investigando las actividades del exsecretario de Seguridad Pública, cercano al expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

En conferencia de prensa ofrecida por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que en enero de 2025 dará inició el juicio civil promovido por el gobierno de México contra García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, en Estados Unidos.

Según detalló Gómez, la demanda civil fue presentada el 21 de septiembre de 2021 ante una corte de Florida, reclamando la impresionante suma de 634 millones de dólares. Hasta el momento, se han logrado reintegrar aproximadamente 2 millones de dólares a la Tesorería de la Federación.

El proceso judicial se encuentra en la etapa de descubrimiento probatorio, en la que las partes deben aportar pruebas en defensa o acusación. Se espera que el juicio, independiente del proceso penal contra García Luna en Estados Unidos por narcotráfico, inicie oficialmente en enero de 2025, tal como lo determinó la juez a cargo del caso.

Pablo Gómez afirmó que el objetivo de este juicio es poner fin a la impunidad de aquellos que roban al pueblo, rompiendo así con la tradición de corrupción en el aparato estatal.

En cuanto a los procesos abiertos en México contra García Luna, se han interpuesto dos denuncias penales y una judicialización en el ministerio público, que ha derivado en la emisión de 61 órdenes de aprehensión. En diciembre de 2023, Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García fueron vinculados a proceso y se encuentran en prisión preventiva.

Además, en enero de este año, Jonathan Alexis Weinberg, presunto integrante de la red de desfalco de García Luna en México, fue detenido en España. La solicitud de extradición por parte del gobierno mexicano ya ha sido presentada.

La UIF ha identificado 16 empresas que han recibido fondos defraudados por la red de García Luna en México, los cuales fueron transferidos a paraísos fiscales y posteriormente repatriados al país. Ocho de estas empresas están incluidas en el artículo 69-b del código fiscal, relacionado con prácticas de facturación fraudulentas.

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