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Institutos Electorales de diversas entidades se sumaron a la batalla legal del INE ante la Suprema Corte en contra de la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral.
Hasta el momento, una decena de autoridades electorales estatales promovieron controversias constitucionales en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
¿Cuáles Institutos Electorales van contra el Plan B?
De acuerdo con registros públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se trata de los Institutos Electorales de:
- Chihuahua.
- Durango.
- Baja California.
- Hidalgo.
- Campeche.
- Michoacán.
- Nuevo León.
- Jalisco.
- Guerrero.
- Chiapas.
De acuerdo con los registros del máximo tribunal del país, el ministro Alberto Pérez Dayán, encargado de este asunto, todavía no determina si estas impugnaciones cumplieron con los requisitos de legalidad y son admitas a trámite, o bien, son desechadas.
Además, estos recursos se suman a la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE), la cual ya se admitió a trámite por el ministro Pérez Dayán.
La demanda del INE contra el Plan B
En su demanda, el INE argumentó que el llamado Plan B electoral constituía “una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional, esto es, que el decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”.
La controversia constitucional interpuesta por el INE está justificada en cuatro ejes:
- La violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión.
- Asimismo, la vulneración a la autonomía e independencia del Instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
- La vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales y la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma, pues elimina hasta el 85 por ciento del Servicio Profesional de Electoral.
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