En un giro significativo en la compleja saga política de Nuevo León (NL), un juez federal revocó la suspensión definitiva que otorgaba al secretario general de Gobierno del estado, Javier Navarro, la posibilidad de permanecer como encargado del Despacho y utilizar la fuerza pública para proteger su nombramiento, así como las oficinas del Ejecutivo local. Esta decisión marca un punto de inflexión en la batalla legal en torno a la sucesión gubernamental en la entidad.

El titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Juan Fernando Alvarado, emitió la resolución, argumentando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya han emitido pronunciamientos sobre el caso, invalidando así la protección judicial que mantenía a Navarro en su papel como encargado del Despacho.

La suspensión definitiva ‘ha dejado de surtir efectos; lo que importa incluso para todos los actos y autoridades responsables’, señala el escrito del juez.

Esta revocación tiene implicaciones directas en la capacidad de utilizar la Fuerza Civil para brindar protección a Javier Navarro, una medida que se había contemplado ante la posibilidad de que el nuevo gobernador interino, Luis Orozco, intentara asumir el cargo.

Resolución se basa en pronunciamiento de la Suprema Corte

La resolución del juez, con sede en Reynosa, Tamaulipas, se basa en la decisión de la Suprema Corte que determinó que el Congreso de Nuevo León es el organismo responsable de elegir al sustituto de Samuel García durante los seis meses que se ausente del cargo para contender por la presidencia de México en 2024.

La mencionada resolución también declaró inelegible a Arturo Salinas, quien resultó nombrado gobernador interino el 25 de octubre, y estableció que la decisión final debía ser tomada por los legisladores a través de consensos. Este fallo judicial añade un nuevo componente a la compleja trama política, destacando la necesidad de resolver las diferencias a través de procesos democráticos y consensos parlamentarios.

Sin embargo, vale la pena señalar que una suspensión en un juicio de amparo, promovida ante un juez laboral en la Ciudad de México y otorgada esta semana al secretario general de Gobierno, aún está vigente. No obstante, la resolución de esta suspensión indica claramente que Javier Navarro debe continuar en su papel de encargado del Despacho ‘hasta tanto reasuma funciones el titular o, en su caso, se designe al gobernador interino’.

Este último desarrollo legal no solo añade más capítulos a la intrincada narrativa política de Nuevo León, sino que también pone de manifiesto la importancia de las instituciones judiciales y legislativas en la resolución de las disputas y la toma de decisiones clave para el estado.

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