CDMX.- En una sorprendente muestra de compromiso con el principio de Austeridad Republicana impulsado por el movimiento de la Cuarta Transformación, Lenia Batres Guadarrama, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha hecho pública su decisión de no aceptar prestaciones y devolver más de un millón de pesos a la Tesorería de la Federación.
En una publicación en sus redes sociales, la Ministra reveló que desde que asumió su cargo en diciembre de 2023, ha dejado de percibir cerca de tres millones de pesos, cumpliendo así con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe a los servidores públicos ganar más que el Presidente de México.
El total de dos millones 915 mil 101 pesos que Lenia Batres ha renunciado a recibir se divide en un millón 181 mil 439 pesos devueltos en efectivo a la Tesorería de la Federación, y un millón 733 mil 662 pesos correspondientes a prestaciones que la Ministra ha rechazado por considerarlas contrarias a la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Entre las prestaciones que Lenia Batres ha rechazado se encuentran un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de separación individualizada, argumentando que no están permitidos según la legislación vigente. Desde el inicio de su mandato en la SCJN, la Ministra ha sido una defensora acérrima de la austeridad y ha instado a la institución de justicia a implementarla de manera general.
Lenia Batres devuelve más de un millón de pesos
La postura de Batres ante la falta de medidas de austeridad en el proyecto presupuestal de la SCJN para 2025 ha sido especialmente crítica. Al denunciar que el presupuesto asignado superaba al del año anterior y que los ministros continuarían percibiendo salarios superiores al de la Presidenta de México, la Ministra señaló que esta situación era contraria al principio de austeridad y transparencia que debe regir en todas las instituciones públicas.
Lenia Batres también lamentó la falta de referencias a los fideicomisos de la SCJN en el proyecto presupuestal, pese a que la reforma constitucional ordena su extinción y la entrega de sus saldos a la Tesorería de la Federación. La Ministra ha instado a la institución a cumplir con las disposiciones legales y a garantizar una gestión financiera transparente y eficiente.