En una conferencia de prensa, el vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, anunció que el partido ha solicitado a las autoridades del país iniciar una investigación de oficio en contra del expresidente Felipe Calderón, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y el senador panista Ricardo Anaya, para determinar la relación que tuvieron con las empresas de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública.
Las acusaciones van más allá de simples testimonios, ya que se basan en una investigación que cuenta con más de 60 mil documentos de prueba, que evidencian transacciones internacionales por más de mil millones de dólares y operaciones por más de 300 millones de dólares en contratos con gobiernos emanados del PAN y el PRI, algunos de ellos destinados a actividades poco claras como el espionaje.
En marzo de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó que el PAN había transferido un millón 160 mil pesos a una empresa de García Luna, sin que se haya aclarado hasta la fecha el motivo de esta transacción.
Marko Cortés afirmó en aquel momento que el contrato con dicha compañía fue autorizado por Ricardo Anaya, lo que ha generado sospechas acerca de la relación entre Acción Nacional y las empresas del exfuncionario.
Morena exige que se llame a declarar a Calderón, Cortés y Anaya para esclarecer estos vínculos y determinar la posible cancelación del registro del PAN, en caso de que se compruebe su implicación en actividades del crimen organizado.
A pesar de que algunos han señalado que esta petición de Morena busca distraer la atención de los problemas actuales de inseguridad en el país, el vocero del partido aseguró que se trata de una demanda legítima y necesaria para mantener la transparencia y la integridad en la política mexicana, pues los hechos deben ser investigados a fondo, sin importar las implicaciones políticas que esto pueda tener.
Por su parte, Ávila defendió la decisión de la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral y la UIF de no haber iniciado antes una investigación en contra de García Luna, argumentando que era necesario dejar que fuera el gobierno de Estados Unidos quien llevara a cabo el juicio para evitar cualquier interpretación de persecución política.
La exigencia de Morena es clara: se debe investigar a fondo la relación entre Calderón, Cortés y Anaya con García Luna, y tomar las medidas necesarias si se confirman las sospechas de su participación en actividades ilícitas.
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