Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que el oficio del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) que solicitó el congelamiento de las cuentas del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es válido y no tiene que ver con las irregularidades que cometió como mandatario estatal.

En entrevista con Aristegui en Vivo, Nieto dijo que es bueno que Cabeza de Vaca haya reconocido que el documento, que él calificó de falso y anunció que iniciaría un proceso legal en su contra, tiene que ver con la solicitud del bloqueo de sus cuentas y no con las 52 carpetas de investigación que hay en su contra por diversos delitos.

Explica que el oficio fue signado por una autoridad norteamericana

Nieto explicó que el oficio del FBI fue el segundo que recibió de carácter internacional y que fue signado por una autoridad norteamericana. Añadió que en el juicio de amparo que el tamaulipeco solicitó para el descongelamiento de sus cuentas, el Tribunal Colegiado de Circuito negó la suspensión porque dijo que el oficio era válido para el bloqueo.

Sostiene que no ha recibido respuesta del presidente

El ex titular de la UIF sostuvo que no ha recibido respuesta de la nota aclaratoria que le envió al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso, luego de que el titular del Ejecutivo dijo de forma afirmativa que el documento era apócrifo.

“Es una nota informativa, ya fue entregada, no tengo ningún contacto, ninguna respuesta, ya fue entregada por una persona integrante de su gabinete (…) de cualquier forma, eso no exime de responsabilidad, un oficio sobre el congelamiento de cuentas, no exime de su responsabilidad a Cabeza de Vaca de los múltiples delitos que cometió durante su paso por el gobierno de Tamaulipas y eso no cierra ninguna de las carpetas de investigación”, expresó.

Acusa a Cabeza de Vaca de delincuencia organizada y otros delitos

La Cámara de Diputados desaforó a Cabeza de Vaca el año pasado. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. El ex gobernador niega las acusaciones y se declara víctima de una persecución política.

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