Uno de los testigos clave en las investigaciones del caso Ayotzinapa, Gildardo López Astudillo, conocido como «El Gil«, no ha podido ser localizado para ratificar un amparo que tramitó para evitar una eventual aprehensión desde el pasado 14 de marzo.
El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ha informado que en dos ocasiones, el 4 y 8 de abril, se han enviado representantes al domicilio reportado por López Astudillo, pero no han podido dar con él.
López Astudillo se convirtió en testigo colaborador de la FGR en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014. Tras abandonar la prisión en 2019, se unió al equipo de testigos colaboradores de la Fiscalía, aportando pruebas contra elementos militares presuntamente involucrados en la desaparición.
«El Gil» dejó la prisión cuando un juez federal consideró que las pruebas recabadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en su contra se recabaron de forma ilegal. Esto luego de permanecer cuatro años en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Según testimonios judiciales, aportó pruebas contra el general José Rodríguez Pérez; el capitán José Martínez Crespo; y el sargento Eduardo Mota Esquivel, implicados en la desaparición de los normalistas.
Caso Ayotzinapa
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a la Ciudad de México. Lo anterior para participar en la manifestación por el 2 de octubre, por la matanza de estudiantes en Tlatelolco.
El gobierno de Enrique Peña Nieto presentó una primera versión de los hechos, a la que llamaron “verdad histórica”. En ella se indicaba que policías corruptos habían detenido y entregado a los normalistas al cártel Guerreros Unidos. Dicho grupo los habría asesinado e incinerado en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
Sin embargo, durante el 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia presentó un nuevo informe. En el cual señala que lo ocurrido fue un “crimen de estado” en el que se involucraron autoridades de todos los niveles. Además, señalan que no hay indicios de que los estudiantes estén vivos.
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