Este viernes, el Diario Oficial de la Federación publicó el aviso de liquidación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), marcando así el inicio de un proceso que pone fin a la historia de uno de los partidos políticos más representativos de México.
Tras no alcanzar el umbral del 3% de los votos en la última elección, el PRD perdió su registro, lo que obligó al Instituto Nacional Electoral (INE) a designar a Ricardo Badin Sucar como interventor para llevar a cabo la liquidación.
El interventor tiene la responsabilidad de cubrir los adeudos del PRD, siguiendo un orden de prioridad establecido.
Deberán pagar todas su deudas
En primer lugar, deberá saldar las deudas con los trabajadores del partido, seguido de los adeudos fiscales y las sanciones administrativas impuestas por el INE.
En caso de existir remanentes de saldos en cuentas bancarias y recursos en efectivo, se procederá a emitir cheques a favor del INE u Organismos Públicos Locales Electorales.
Los recursos obtenidos de la liquidación deberán ser transferidos a la Tesorería de la Federación o a la tesorería de la entidad federativa correspondiente, garantizando así su destino legal y transparente.
En cuanto a los bienes muebles e inmuebles del PRD, el interventor llevará a cabo los trámites para transferirlos al INE, con la finalidad de que pasen al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), siguiendo la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
Desde la publicación del aviso de liquidación en el DOF, todas las personas que consideren tener un crédito a cargo del patrimonio del PRD tendrán un plazo de 20 días naturales para comparecer ante el liquidador y presentar su solicitud de reconocimiento de crédito.
Este proceso busca garantizar que todas las deudas del partido sean cubiertas de manera justa y transparente.
La liquidación del PRD marca el fin de una era en la política mexicana, dejando un vacío en el panorama partidista del país.
El destino final de sus recursos y bienes será determinado por las autoridades correspondientes, asegurando que se cumplan los procedimientos legales establecidos.