La situación política en Nuevo León se intensifica tras la resolución de amparo dada a conocer por Samuel García, exigiendo que el Congreso Local nombre a un Gobernador Interino de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, los grupos parlamentarios del PRI y el PAN rechazan la interpretación del Gobierno Estatal, argumentando que la designación del reemplazo del mandatario debe ser una decisión autónoma del Poder Legislativo.
A través de un comunicado conjunto, la oposición hace un llamado urgente a Samuel García para que respete las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las cuales confirman que el Congreso tiene la facultad exclusiva de elegir al Gobernador Interino en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2024.
En el comunicado, los partidos de oposición critican la interpretación ‘manipulada y engañosa’ del Gobierno estatal sobre un mandato legal, acusándolo de buscar confundir y polarizar a la sociedad. Subrayan que tanto el TEPJF como la SCJN han dejado claro que la atribución de nombrar al Gobernador Interino corresponde única y exclusivamente al Congreso de Nuevo León.
Además de la disputa legal, la oposición denuncia que el Gobierno Estatal, encabezado por Samuel García, está bloqueando un fondo de 2 mil 500 millones de pesos destinado a los municipios a través de la Ley de Egresos.

Aseguran que este bloqueo se utiliza como una ‘moneda de cambio’ para imponer a un Gobernador Interino afín a Movimiento Ciudadano. Los legisladores del PRI y el PAN califican esta acción como un acto doloso de irresponsabilidad social, política y económica, advirtiendo que tendrá consecuencias jurídicas y afectará a cientos de miles de personas.
En el cierre del comunicado, la oposición exige un alto a los presuntos ataques sistemáticos que, según ellos, el Gobierno del Estado ha cometido contra aquellos que critican la administración de Samuel García. Hacen un llamado a comprometerse con la democracia, la legalidad y el bienestar de la población, enfatizando que la ley no se negocia y debe cumplirse.
‘Como legisladores de oposición, demandamos un compromiso real con la democracia, la legalidad y el bienestar de la población; la ley no se negocia, la ley se cumple’, concluye el texto del comunicado. La situación en Nuevo León sigue siendo tensa, y el choque entre el Gobierno Estatal y la oposición plantea desafíos significativos para la estabilidad política y legal en la región.
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