Una corte civil en Miami ha dictado una sentencia contundente contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, ordenándoles pagar de $2.4 mil millones de dólares al gobierno mexicano. La noticia, que ha sacudido los cimientos políticos y judiciales, fue recibida con júbilo por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Segob, expresó su satisfacción durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, calificando la sentencia como "una muy buena noticia". Sin embargo, también señaló la necesidad de analizar detenidamente los detalles de la resolución, enfatizando que “tenemos que ver la letra chiquita, qué es lo que pasa, en qué tiempos”.

La sentencia, adelantada por la periodista Peniley Ramírez, fue confirmada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En un comunicado, la UIF detalló que la decisión de la Corte de Circuito del Décimo Primer Circuito Judicial para el Condado de Miami Dade, Florida, es el resultado de una demanda civil presentada por el Estado Mexicano en septiembre de 2021.

La magnitud de la sentencia se explica por la aplicación de la ley de Florida, que triplica la cantidad original demandada por el gobierno mexicano. La sentencia es consecuencia de siete resoluciones de culpabilidad previas contra García Luna, su esposa y sus cinco empresas, por su omisión de comparecer al juicio.

Específicamente, la sentencia obliga a Genaro García Luna a pagar $748,829,676.00 dólares, mientras que Linda Cristina Pereyra deberá cubrir $1,740,025,540.20 dólares. Estas cifras representan un duro golpe financiero para la pareja, que ya enfrenta las consecuencias de las condenas penales de García Luna.

Es crucial recordar que Genaro García Luna ya cumple una sentencia de 38 años de prisión en Estados Unidos por cargos relacionados con el crimen organizado. Este nuevo fallo civil profundiza su caída y representa un hito en la búsqueda de justicia y la recuperación de activos producto de la corrupción.

La reacción del gobierno mexicano refleja la importancia de esta sentencia en la lucha contra la impunidad. La Segob, a través de su titular, ha dejado claro que se analizarán a fondo los términos de la sentencia para asegurar su cumplimiento y el retorno efectivo de los recursos a las arcas públicas.