A pesar del incremento alarmante de casos de violencia digital y agresiones a la intimidad sexual, el Senado de la República ha decidido mantener en la «congeladora legislativa» al menos 25 iniciativas que buscan combatir y sancionar con rigor este tipo de delitos.

Expertos y legisladores han expresado su preocupación por la falta de avances en la aprobación de estas iniciativas, que han sido presentadas con el objetivo de frenar la violencia digital y garantizar la protección de la intimidad de todas las personas, especialmente de las mujeres y grupos vulnerables.

Acceso a la justicia

Sofía Jaqueline Díaz Lozano, destacada abogada feminista, lamentó la inacción del Senado en este tema tan urgente y relevante. Subrayó que, a pesar de la existencia de la Ley Olimpia, aún existen lagunas legales que permiten la impunidad y obstaculizan el acceso a la justicia para las víctimas.

Ana Karen Hernández Aceves, presidenta de la Comisión del Deporte, reiteró el compromiso de la institución para abordar de manera efectiva la violencia digital y la agresión a la intimidad sexual. Destacó la importancia de establecer políticas públicas sólidas, leyes contundentes y una cultura digital que promueva el respeto y la dignidad humana.

Durante su intervención en el foro «Violencia Digital y Agresión a la Intimidad Sexual», Hernández Aceves enfatizó que estos problemas no pueden ser considerados de forma aislada, sino como una extensión de las desigualdades y abusos presentes en la sociedad. Instó a no permitir que los avances tecnológicos dejen de lado los valores fundamentales como la ética, el respeto y la justicia.

En la misma línea, la senadora Simey Olvera Bautista de Morena, aseguró que el Senado está comprometido en legislar para regular las tecnologías de la información y recientemente aprobó una reforma para proteger las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas digitales.

Durante el foro, los participantes coincidieron en la importancia de visibilizar este tema y solicitaron al Congreso que se incluyan disposiciones específicas para combatir los delitos cometidos a través de la inteligencia artificial.

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