La comunidad LGBT+ es históricamente una de las más vulnerables y marginadas en México y en el mundo. Sus derechos humanos y sociales son constantemente violentados debido a estigmas, estereotipos y discursos de violencia, y uno de los ámbitos en los que se observa esta desigualdad es en el acceso a la salud.

En México, casi la mitad de la población que se identifica con alguna de las letras LGBT+ recurre a unidades de salud privadas, como consultorios en farmacias o clínicas y hospitales particulares, ya que apenas el 26% de esta población cuenta con afiliación a instituciones de salud pública como el IMSS, el ISSSTE, el Ejército Nacional, la Marina o Pemex.

De acuerdo con cifras proporcionadas por Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), 2 de cada 10 personas LGBT+ no pueden costear su atención médica y acuden a unidades de salud del extinto Seguro Popular, ahora llamado Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar).

Esta situación evidencia una alarmante desigualdad en el acceso a la salud para la comunidad LGBT+ en México. A pesar de los avances en materia de inclusión y derechos para esta población, la falta de acceso a servicios de salud públicos representa un obstáculo en su bienestar y calidad de vida.

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