Por: Guillermo Fabela Quiñones

Es un hecho que los costos de la “modernización” del sistema político mexicano han sido demasiado onerosos, principalmente en el periodo en que la sociedad se empobreció a niveles que no se veían desde los años posteriores a la Revolución Mexicana. Lo paradójico del caso es que tan dramática realidad se vivió en la etapa en que las élites se enriquecieron como nunca antes, sin que las instituciones mejoraran su desempeño en favor de la democracia representativa.

Lo que se logró fue construir una casta burocrática partidista que desvirtuó lo que en un principio parecía un avance democrático. México se convirtió en el país de América Latina con más derroches en materia político-electoral, sin que se vieran resultados que pudieran servir de ejemplo a la región. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende seguir por el mismo camino, no obstante la firmeza del Ejecutivo en apuntalar una administración pública acorde con la meta de alcanzar una austeridad propia de una nación con enormes carencias sociales.

El INE dio a conocer que para el año 2020 propone un presupuesto de cinco mil 239 millones de pesos, un monto de casi 300 millones más que el ejercido este año. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia “mañanera” del miércoles, se refirió al tema para hacer énfasis en su postura de no admitir que haya en nuestro país “partidos y gobierno ricos con un pueblo pobre”. Pidió a los dirigentes, “como una sugerencia, no una orden”, que sean congruentes con la realidad que se vive en México.

Afirmó “tener autoridad moral” para hacer tal petición debido a que con hechos concretos está poniendo el ejemplo en los gastos de la Presidencia. Un día antes, cabe puntualizarlo, la Dirección de Adquisiciones había demostrado la falta de ética de un senador panista que sacó de contexto una información falsa que desató un escándalo en las redes sociales. Se aclaró que las cifras que dio a conocer el senador eran de un proyecto de presupuesto del año 2018; el daño mediático se aprovechó por quienes no pierden la esperanza de hacer abortar la «Cuarta Transformación».

El mandatario señaló la conveniencia de que la reducción de prerrogativas a los partidos sea de 50 por ciento. Esta propuesta tiene enorme importancia, pues se iniciaría un proceso inédito de moralización de la vida política nacional. Ni que decir tiene que la oposición se rasgará las vestiduras y alegará todo tipo de argucias para evitar que se les quite un peso, más ahora que necesitan recursos suficientes para llevar a cabo su canalla labor de zapa contra el nuevo régimen.

La derecha no acepta (históricamente nunca lo ha hecho), perder sus privilegios, comparables con los de las monarquías medievales. No les importa hacer el ridículo, caer en contradicciones, enseñar su doble moral y baja catadura, con tal de lograr su objetivo de debilitar los esfuerzos progresistas de un gobernante ajeno a las componendas de las élites. Está el ejemplo de Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN, exigiéndole a López Obrador que ponga fin al ingreso de armas a México, ¡cuando Felipe Calderón autorizó la Iniciativa Mérida que activó la entrada de armamento de alto poder que activó una mortandad sin precedentes!

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