Por: Juan Alberto Esquivel y Cebrián

Eje del discurso de la política oficial, la actual y la de muchos años atrás, es el «bienestar del pueblo», lo cual es digno de aplauso si consideramos que bienestar significa la cobertura, de manera suficiente, satisfactoria y digna de los seis factores que son necesarios para la conservación y desarrollo de cualquier ser humano: Alimentación, salud, educación, habitación, vestido y recreación.

Y, por supuesto, lograr esto, requiere de ingresos suficientes y satisfactorios en lo personal y en lo familiar.
Claro está que los ingresos suficientes y satisfactorios se logran con fuentes de ingresos formales, estables y remunerativos. Y las fuentes de ingresos con esas características se crean al traves de inversiones privadas o públicas orientadas hacia la generación de ganancias justas. Y las inversiones sanas se hacen cuando hay un verdadero estado de derecho; esto es, cuando hay leyes que responden al interés social y se respetan y, por tanto, existe una efectiva seguridad pública.

Los inversionistas, sean éstos privados o sociales, también requieren que el gobierno se base en politicas e inversiones públicas sustentadas en respuestas adecuadas a problemas reales y no solo a planteamientos electorales y, además, guiadas por la rentabilidad social; en otras palabras, que traigan más beneficios que perjuicios a la población a la que va dirigida.

Tambien es importante que el Gobierno, en momentos de crisis, reaccione de manera pronta y adecuada, de acuerdo a lo que exige la situación y no según sus intereses electorales. Viendo estos requisitos, entendemos porque en lugar de bienestar, la pobreza aumenta sexenio tras sexenio y tambien es fácil comprender que en éste, la meta se aleja aún más de nosotros.

Porque cuando la inseguridad pública se hace cada vez más dramática; cuando la inversión pública se orienta mayoritariamente hacia proyectos que generarán más gastos que ganancias (Dos Bocas, desde el 2008 fue dictaminada por el Instututo Nacional del Petróleo como el peor lugar para instalar una refinería y las inundaciones que ha sufrido lo confirman; el aeropuerto de Santa Lucía, según expertos internacionales provocará graves problemas de conexión que incrementarán el costo en el transporte aereo y el tren maya traerá graves daños ecológicos y despojos a las comunidades indígenas, por ejemplo). Cuando las leyes se acomodan para satisfacer a los deseos de una persona que manosea las justas demandas sociales escondido en discursos atractivos pero vacíos de hechos reales, por decir algo de lo mucho que pudiera reprochar, entendemos que más que esperar al bienestar debemos prepararnos a ver como la pobreza crece, como nuestra naciente democracia se reduce a los dictados de una sola persona y como el desarrollo socioeconómico se disuelve en discursos orientados a provocar aún mas división en nuestra ya muy dividida sociedad.

¿O tú que opinas, paciente lector?