Por: Juan Alberto Esquivel y Cebrián

En tres ocasiones, ciudadanos (tal vez convencidos, tal vez pagados, tal vez en ambas condiciones) me han pedido la firma y los datos de identificación de mi credencial de elector para respaldar «la investigación y consignación de los expresidentes», promovida por el titular del Ejecutivo federal, a lo cual me he negado.

Y las razones para negarme quedaron más que evidentes en la mañanera de este 15 de septiembre de 2020, al solicitarse formalmente al Senado una «consulta popular» al respecto. Parece que lo que se busca es manipular el proceso electoral del próximo año para orientar el voto en favor de los próximos recomendados del partido Morena para la chamba de gobernadores y diputados en varios estados.

Esta, a mi juicio, es una desesperada jugada de López Obrador para no perder el control que tiene del Legislativo y aumentar el número de gobernadores afiliados, pues la pérdida de su popularidad por los resultados tan desastrosos de su actuación frente a la pandemia es algo que su egocentrismo no puede soportar.

Y esto tiene varias lecturas, una de las cuales es obvia: Muestra un total desaire al sistema jurídico, cuyo mecanismo se activa con una demanda formal ante la Fiscalía Federal, con las pruebas pertinentes del presunto delito, para que ésta investigue los hechos y con base en sus resultados, consigne ante un juez a los investigados. El juez, con las pruebas aportadas, dictaminará la inocencia o culpabilidad de los enjuiciados.

Como los posibles denunciados tienen la condición particular de ser expresidentes de la República, es necesario que el Senado intervenga para solventar las limitaciones que establece la Constitución para estos casos.

Pero en lugar de una denuncia formal al Senado, para que se autorice la intervención de la Fiscalía, que es el procedimiento adecuado, se solicita una «consulta popular» para que «el pueblo», en plenas elecciones de diputados y gobernadores, pida lo que el Sr. López Obrador farisaicamente dice que no quiere hacer, pero no ha dejado de insistir para que se haga: Degradar la imagen de sus antecesores para engrandecer la suya.

Yo no sé si hay pruebas concretas de corrupción o malos manejos de estos expresidentes, lo que sí sé es que es obligación de cualquier ciudadano -y más si su chamba es la de Presidente de la República- denunciar hechos ilícitos, si tiene pruebas concretas y no escudarse en «la voluntad popular», abusando del muy justificado enfado de los mexicanos por el mal desempeño de la mayoría de sus gobernantes y ni siquiera hace este abuso en busca de lograr un verdadero desarrollo social y económico del país sino, solamente, para tratar de hacer brillar a su persona, opacando a la de otros, lo cual es una verdadera lástima.

 ¿O tú qué opinas, paciente lector?