En una decisión histórica, un juez federal prohibió la separación de familias migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Esta práctica, implementada por el Gobierno del expresidente Donald Trump, buscaba disuadir la migración irregular y es considerada como una de las políticas más controversiales en su pasado mandato.

El magistrado Dana Sabraw  aprobó definitivamente un acuerdo entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y la organización proderechos civiles ACLU que impide a las autoridades separar a los menores de edad de sus padres, a menos que existan motivos médicos o de seguridad que lo justifiquen.

Recibirán compensación por los daños ocasionados

Además de prohibir la separación de las familias, el acuerdo también establece beneficios para aquellos que se vieron afectados por la política de separación implementada por el Gobierno de Trump. Entre los beneficios se incluyen vivienda y un estatus migratorio temporal en Estados Unidos. Se estima que alrededor de 5.000 familias se beneficiarán de esta medida, la cual entrará en vigor el 11 de diciembre.

«Este acuerdo es un paso fundamental hacia el cierre de uno de los capítulos más oscuros de la administración Trump. Los bebés y los niños pequeños fueron literalmente arrancados de los brazos de sus padres bajo esta horrible práctica», afirmó el abogado de ACLU que encabezó la demanda, Lee Gelern.

El acuerdo también establece procesos mediante los cuales el Gobierno debe proporcionar información a los familiares que ya hayan sido separados y fija los canales de comunicación entre los padres o tutores y los menores. Asimismo, se detallan las circunstancias bajo las cuales el Gobierno debe reunificar a la familia cuando la situación lo permita.

Tolerancia Cero separó miles de familias

La política de «tolerancia cero» implementada por el expresidente Trump imputaba con cargos criminales a los adultos que cruzaran la frontera de manera irregular. Debido a que los menores no pueden estar en una cárcel federal, eran separados de sus padres y quedaban bajo la tutela de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Aproximadamente 5.500 menores de edad fueron separados de sus familias en la frontera bajo esta política. Aunque la mayoría ya ha sido reunificada con sus familiares, aún hay cientos de niños que continúan bajo la tutela del Gobierno.