En un veredicto histórico que ha sacudido la política surcoreana, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha confirmado la destitución definitiva del presidente Yoon Suk-yeol, luego de su controvertida ley marcial del pasado diciembre. Con esta decisión, el mandatario es removido de su cargo de manera inmediata, y el país se prepara para elegir a un nuevo presidente en los próximos 60 días.

El juicio político contra Yoon fue iniciado tras su declaración de ley marcial el 3 de diciembre, un acto que desató una crisis institucional sin precedentes. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, aprobó el proceso de destitución el 14 de diciembre, marcando el inicio de una polarización política profunda que dividió al país en dos bandos irreconciliables.

Durante más de tres meses, el Tribunal Constitucional evaluó la legalidad de la medida, con la necesidad de que al menos seis de los ocho jueces en funciones votaran a favor para que el veredicto se hiciera efectivo. La decisión fue unánime.

El fallo llega en un momento tenso, marcado por multitudinarias manifestaciones a lo largo del país. En Seúl, miles de personas han salido a las calles tanto para apoyar como para rechazar la destitución de Yoon, mientras que el gobierno ha desplegado una impresionante cantidad de fuerzas de seguridad para mantener el orden, aumentando los niveles de alerta ante posibles disturbios.

La Policía Nacional activó el nivel "Gapho", movilizando a más de 14,000 efectivos, incluidos escuadrones antidisturbios y unidades de reacción rápida.

El presidente Yoon, quien asumió el cargo en mayo de 2022, se encontraba en medio de un proceso de polarización política aún mayor debido a su fallido intento de implementar la ley marcial, que buscaba desbloquear un estancamiento legislativo.

Su declaración de ley marcial, que sólo duró seis horas, fue ampliamente rechazada por la Asamblea Nacional, controlada por una mayoría liberal. A raíz de este intento, la Asamblea ordenó su juicio político, suspendiendo temporalmente sus poderes y enviando su caso a la Corte Constitucional.

Además de este proceso de destitución, Yoon enfrenta otros cargos graves, entre ellos un juicio penal por presuntos actos de rebelión relacionados con su intento de imponer la ley marcial. Esta situación ha generado una atmósfera de gran incertidumbre y tensión política.

El despliegue de fuerzas de seguridad no es casualidad. Seúl y otras ciudades han sido escenarios de protestas masivas, con grupos enfrentándose entre sí y manifestando su apoyo o rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional. En algunos puntos, los manifestantes han decidido acampar y permanecer en la vía pública durante la noche, siguiendo de cerca el desarrollo del caso.

La polarización en torno al impeachment de Yoon ha quedado reflejada en las encuestas de opinión. Si bien el 60% de la población apoya la destitución del presidente, un 35% se opone a ella, una diferencia significativa con respecto a los resultados previos de diciembre, cuando el apoyo a su destitución era del 70%.