Por: Rigo Quiñonez

En un hecho trascendente el día martes 15 de septiembre nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, presento formalmente al Senado de la Republica la petición de consulta popular que deberá ser llevada a cabo en la jornada electoral que habrá de celebrarse el domingo 6 de junio de 2021.

Este hecho marcara una pauta en la historia contemporánea de nuestro país, en el cual la concentración del poder público, las prácticas autoritarias y represivas, el gasto excesivo, la corrupción y el abandono del pueblo, características principales que podemos encontrar en el periodo comprendido desde 1988 al 30 de noviembre de 2018, periodo que concluye con el inicio del mandato de López Obrador.

Como fue mencionado en la mañanera del martes, México se encontró sumido en un periodo que tuvo como característica principal la concentración desmesurada de la riqueza, los grandes privilegios de los altos funcionarios, el  quebranto al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción y procesos electorales amañados que fueron los motivos por el cual el país se sumergió en una ola interminable de violencia, inseguridad, violación sistemática de derechos humanos, la impunidad como dogma de estos gobiernos neoliberales.

Creando con esto un gran aparato organizado del poder el cual fue siendo perfeccionado sexenio tras sexenio, con la única finalidad de enriquecerse a costa del dinero y bienestar de los mexicanos, surgiendo de esto un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular.

Los efectos que dejo el periodo del neoliberalismo gobernante en los últimos cinco sexenios se traduce en la pérdida de innumerables vidas, así como, en un incremento abrupto de la pobreza, la desigualdad, marginación, diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres,  una completa descomposición del tejido social, la degradación del sistema público de salud y la privatización de los bienes públicos todo ello iniciando con el sexenio de Salinas de Gortari, continuado por el sexenio de Ernesto Zedillo.

Con el supuesto Gobierno de alternancia, que llevo a Vicente Fox a la presidencia, paso de un cambio de privatización a uno dirigido ideológicamente por mantener el control del país, a tal grado que el propio Fox, durante su administración, admitió haber cargado los dados del proceso electoral, o con el Gobierno de calderón que el único cambio fue una supuesta lucha contra el narcotráfico que lo único que conllevo fue a dejar miles de muertes de personas inocentes.

Pero lo más grave es que actualmente se da a conocer que su secretario de seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico. Mediante la detección y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos.

Para finalizar el periodo neoliberal, que sumió a México en una espiral de corrupción e impunidad, tenemos el sexenio de Enrique Peña Nieto, que se destacó por las grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de 2012, sin que ello tuviera consecuencias legales.

Que ahora se sabe por las declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht.

Pero que tienen en común todos estos hechos antes mencionados: La impunidad generada por el encubrimiento, el silencio cómplice de la mayoría de los medios chayoteros de información, acuerdos tácitos de protección entre los presidentes salientes y los entrantes, y con aparatos de procuración de justicia puestos al servicio de los propios gobernantes.

Es por ello que resulta ser un hecho trascendente para la historia, pues sería el primer Presidente que no permitirá la impunidad de aquellos que utilizaron la silla presidencial para enriquecerse a costa del dinero del pueblo, que utilizaron el poder público para beneficio propio y de sus allegados, serán castigados por todo el daño que realizaron al país y los mexicanos.